Hablemos sobre el Acuerdo de Escazú

En Tierra Grata estamos al tanto de las acciones que se adelantan internacionalmente por la protección del medio ambiente y la garantía de los recursos naturales para las comunidades. 

Por eso, en este artículo hablaremos sobre el Acuerdo de Escazú y la importancia que este tendría de ser ratificado en Colombia tomando como ejemplo las comunidades que habitan en la subregión de los Montes de María, en el departamento de Bolívar.

¿Sabes qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional suscrito por los países de América latina y el Caribe que tiene como finalidad garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las presentes y futuras generaciones. Se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y dentro de sus obligaciones se propende el acceso efectivo a información, participación pública y justicia en el ámbito medioambiental. 

Dentro de los derechos que contempla el documento se encuentran:

  1. Acceso a la información pública ambiental y generación de información sobre la misma, lo que implica la obligación del Estado de poner a disposición la información de manera fácil y accesible. Supone que todo ciudadano pueda solicitar información sobre temas de medio ambiente y este no podrá negarse, esto en un plazo máximo de 30 días o menos.
  2. Para fomentar la participación pública, toda decisión sobre temas ambientales debe tomarse en conjunto con la población implicada en espacios donde sean escuchados y sus voces tenidas en cuenta para dar garantía de una participación efectiva.
  3. En cuanto a la justicia ambiental, los estados deberán asegurar el acceso a instancias judiciales ante acciones que nieguen el derecho a la información, a daños en el medio ambiente y a participación.
  4. Para la defensa de derechos humanos, se debe garantizar proteger la vida de los líderes ambientales, así como investigar, sancionar y prevenir los ataques y amenazas a la integridad de ellos.

¿Cómo va el acuerdo en Colombia?

El trámite interno en Colombia del Acuerdo de Escazú inició con la firma del instrumento internacional en el marco de la Gran Conversación Nacional el 23 de noviembre del año 2019. En el marco de esta conversación, el 29 de noviembre del mismo año se instaló la Mesa de Medioambiente con el propósito de firmar, ratificar e implementar este acuerdo. 

El gobierno colombiano radicó el 20 de julio del 2020 ante el Congreso de la República el proyecto de ley para la aprobación del acuerdo con mensaje de urgencia. Actualmente, está cursando en las comisiones de la Cámara y el Senado. De ser aprobado por el Congreso, el proyecto de ley deberá proveer el proceso de control por parte de la Corte Constitucional y por último la rama ejecutiva, encabezada por el presidente Ivan Duque, deberá depositar el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas. Este último es el compromiso del Estado de asumir lo planteado en el acuerdo y ejecutarlo en el país.

Si Colombia aprueba el acuerdo, se podría convertir en el undécimo país en acogerse a Escazú y se alcanzaría la cifra mínima de países a ratificar para que entre en funcionamiento a escala internacional. Hasta ahora lo han hecho Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina. 

¿Por qué es importante la ratificación en Colombia?

En el 2020 Colombia ocupó los primeros puestos en dos listados que denuncian la realidad ambiental de los países. Somos el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo con 64 casos, según la organización internacional Global Witness; mientras que en el listado de países con más conflictos socioambientales ocupamos el segundo lugar después de Brasil, con 129 casos, de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental. 

Lo anterior expone la gran necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú, aunque algunos partidos políticos del país se opongan con mitificaciones sobre este. Una de las afirmaciones más sonadas entre quienes se niegan al acuerdo es que “atentará contra la soberanía del territorio nacional”, cuando el documento contempla que permanecerá la soberanía de los recursos naturales en cada estado (Art. 3) y que las obligaciones contenidas en él se mantendrán bajo las propias legislaciones nacionales (Art. 4).

El docente Gregorio Mesa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, afirma que quienes se oponen “quieren privilegiar intereses particulares sobre los generales, públicos y comunes, y no es por desconocimiento”. Este panorama no parece ser alentador ya que el primer debate en el Congreso ha sido aplazado en 4 ocasiones. 

¿Qué pasa con la defensa de los territorios y los líderes ambientales?

En los Montes de María existe una gran crisis hídrica ocasionada por la contaminación por el cultivo de la palma de aceite y la piña. La Mesa del Agua, creada por habitantes de la región lleva 15 años tratando de establecer acuerdos con las instituciones del estado y terratenientes que tienen el control del líquido.

La exigencia de estas comunidades se enfoca en que el Distrito de Riego de Marialabaja (un sistema de canales y represas que se conectan entre sí) está a disposición de los cultivos de palma de aceite y piña y los químicos usados en esta industria afectan la salud y seguridad alimentaria; adicionalmente preservar este cultivo de manera artificial requiere de mucha agua, la cual está siendo privatizada e incluso desviada de sus cauces naturales. Además urge conservar los pocos reservorios que no están contaminados y que corresponden a los nacimientos que están en las partes altas del Distrito, en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

“Antes, el agua no tenía químicos, con ese poco de megaproyectos ha cambiado la textura del agua. No hemos podido superar las infecciones en mujeres y hombres, y las rasquiñas en los niños”, señala Luis Manuel Carballo, habitante de La Suprema, vereda de Marialabaja, donde habitan 250 personas. Estos campesinos no encuentran respaldo institucional para la protección de sus fuentes hídricas; al contrario, han recibido amenazas de muerte por su ardua gestión. 

Este es solo un ejemplo de cientos de situaciones de violación de derechos humanos y del medio ambiente en el país. Ante estos escenarios, ¿no es necesaria la ratificación del acuerdo de Escazú cuando los más afectados piden justicia social y protección de su vida como defensores del medio ambiente? Ahora más que nunca es primordial la defensa de los ecosistemas en Colombia para que por las vías jurídicas que plantea el Acuerdo de Escazú, los habitantes de Montes de María y de las zonas rurales puedan acceder a un derecho fundamental como lo es obtener agua segura y tener una calidad de vida con dignidad y autonomía. 

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