La lucha por abrir el grifo en Cartagena

Abrir el grifo y que de este pueda salir agua potable es algo que en pleno siglo XXI hemos normalizado y dado por sentado.  Suponemos que siempre vamos a tener disponible, y con muy sencillos pasos, agua limpia y potable. No obstante, hasta en el asunto más sencillo como tomar un baño, cepillarse los dientes, regar las plantas o tomar agua, se pueden encontrar un cúmulo de privilegios y vulnerabilidades para los habitantes de una ciudad.

Existen zonas que han sufrido de escasez y donde la especulación de los precios por el agua potable es un hecho casi que histórico. Y no estamos hablando de sociedades alejadas del mundo, sino de comunidades que están muy cerca de los polos de desarrollo industrial, turístico o portuario, siendo la muestra clara de que la inequidad en el acceso y consumo de agua es muy notoria en algunos territorios.

El caso de Cartagena es el claro ejemplo de que el derecho al agua puede ser el privilegio de unos. Para ilustrar esta afirmación, tomemos como ejemplo los 272.000 m3 de agua potable que abastecen a la ciudad diariamente, que no alcanzan a gran parte de la población y las zonas que más se ven privadas del recurso son las más alejadas de la zona urbana y a su vez, con los niveles de pobreza más exacerbados.

Para nadie es un secreto que, la ciudad de Cartagena presenta los índices de pobreza extrema más altos entre las ciudades capitales en el país, donde el 25.9% de la población se encuentra en esta condición, según el último Informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos. Esto a su vez se ve traducido en la amplia desigualdad que existe no sólo en términos monetarios, sino con el acceso a agua, donde la cobertura es del 70.33% en las zonas alejadas y en los rurales dispersos, según el DANE. Por esto, resulta pertinente hacer la comparativa del precio/calidad del líquido en algunas zonas de la ciudad que sí cuentan con el servicio versus otras zonas, como la insular, que aún tienen rezagos en esta arista.

Para abastecerse de agua, los habitantes de la zona insular deben comprar pipetas que no aseguran la potabilidad.

En primer lugar, es preciso traer a colación un estudio de Lorena Granada, quien hizo la estimación del consumo básico de agua en las principales ciudades de Colombia, donde además la ajustó con variables como la temperatura promedio de las ciudades y estratificó dicho consumo en metros cúbicos. El resultado de este análisis fue que, para la ciudad de Cartagena, el estrato 6 consume 30.61 m3. casi el doble del estrato 1, que gasta 18.05 m3.

Sin embargo, en zonas como Barú, la Isla de Tierra Bomba, Isla Grande, que pertenecen a la zona insular de la ciudad, según sus propios habitantes, diariamente pueden gastar entre 60 y 80 litros por hogar, lo que da entre 2,5 a 3 m3 al mes, mostrando claramente que el consumo no es igual en la ciudad y que existe mayor demanda a medida que el estrato es más alto.

En segundo lugar, al analizar cuánto puede gastar en términos económicos un hogar de estrato alto, nos muestra que el metro cúbico cuesta $2.974,35 y que, siguiendo el promedio propuesto por Granada, un hogar de estrato 6 en la ciudad pagaría $149.784 (incluido el cargo fijo), en contraste con los $150.000 a $240.000 que puede gastar un isleño consumiendo 10 veces menos agua que alguien que vive en Castillogrande o Crespo.

Con esta información se pueden evidenciar las diferencias abismales entre dos poblaciones cercanas en el consumo de agua, porque pagan casi el mismo costo pero sin la cantidad necesaria para la subsistencia, pese a que las separa únicamente la bahía de Cartagena.

Cuando el «bongo» llega, el agua se descarga y almacena en decenas de tanques. Luego, cada familia debe velar por darle una buena administración.

En tercer lugar (y acá me gustaría centrar la conversación ya que es el punto más importante), el agua que toman los isleños no es de la mejor calidad, ya que el sistema empleado para abastecer el agua a estas comunidades dista mucho de los procesos de calidad y potabilización estandarizados. La forma como llega el agua generalmente es por una embarcación grande que se llena de agua proveniente de Cartagena, que es llamada “bongo” por los locales; esta agua la descargan en grandes albercas o piletas, que son administradas por el Consejo Comunitario, y posteriormente es distribuida a la población. El valor de cada galón oscila entre los $600 a $1.000, dependiendo el lugar.

En nuestras visitas hemos escuchado a algunos habitantes afirmar que en ocasiones el agua llega salubre, bien sea porque el bongo no fue bien reparado y presenta fugas, haciendo que el agua se mezcle con la salinidad del mar, o porque simplemente el lavado de este no es el correcto, dando como resultado que salgan gusarapos, metales o simplemente quede salada. Los isleños acostumbran a echar un poco de cloro o alumbre para “limpiar” el agua. Sin embargo, sobre todo en los niños, las enfermedades intestinales como diarrea, dolores estomacales y enfermedades en la piel están en el orden del día; en estos casos no hay más remedio que sobreponerse y seguir consumiendola, porque no hay otra fuente de la que se puedan abastecer.

Un punto adicional que muy poco se toca son los constantes acarreos de agua que tienen que hacer los pobladores a diario, ya que los puntos en los que se almacena el agua están alejados de las casas. En consecuencia, cada familia transporta los galones en carretillas, al hombro o simplemente pagan para que les transporten agua. Esto evidencia que las dinámicas del acceso a agua no solo son económicas, sino que tienen una alta connotación social y desigualdad.

En Cartagena el desarrollo no es sinónimo de progreso social. Al otro lado de la bahía, en el extremo de estratos bajos, hay cartageneros que pagan por el agua más cara. Las soluciones deben venir de la mano de las comunidades: es el momento de comenzar a saldar esa deuda histórica que se tiene con las zonas semiurbanas e insulares, y se debe crear un espacio consensuado entre la academia, las instituciones públicas y las organizaciones del orden civil para propender la creación de acueductos comunitarios gestionados por las comunidades, para que ellas puedan autogestionar su propia agua. Estos territorios tienen experiencia en modelos de autogestión y al potencializarlos en un proyecto bidireccional es muy probable que la brecha en el acceso al agua acabe.

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