Activistas comunitarios, opositores a megaproyectos, protectores de bosques, guardianes indígenas y líderes campesinos en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y en toda la región han sido golpeados por su trabajo alrededor de la conservación y buen uso de los recursos naturales. Hoy hablaremos de violencia. De una violencia criminal organizada cuya mano acapara vidas y naturaleza.
La muerte anunciada de los líderes ambientales
Durante 2018, la ONG Global Witness, documentó 164 asesinatos de defensores ambientales en el mundo. En Colombia el saldo fue de 24 líderes asesinados ese año.
Este año, pese al Acuerdo de Escazú firmado por el presidente Iván Duque, el panorama pinta desalentador: En febrero fue asesinado Yamid Silva Torres, guardaparques del Parque Natural de El Cocuy, y fueron amenazados guardaparques de parques nacionales amazónicos por parte de actores armados ilegales, que determinaron que debían abandonar sus puestos de trabajo para salvar sus vidas.
Después de Brasil y Filipinas somos el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo, según la ONG international Business and Human Rights Resource Center.
Esta ONG estima que el 30% de las denuncias de ataques contra líderes están relacionadas con empresas de explotación minera, que entre otras cosas, afectan notablemente los cuerpos de agua. Entre los mencionados se encuentran Ecopetrol, AngloGold Ashanti, Big Group Salinas, Cerrejón Coal y EPM.
Por estos días de confinamiento, en San Pablo – Bolívar, el 24 de marzo, en la víspera de la cuarentena decretada a raiz del COVID-19, fue asesinada la lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez cuando hombres armados llegaron hasta su vivienda, la obligaron a salir unos metros y la hirieron de muerte con arma de fuego. El hecho fue denunciado por la Organización Femenina Popular de Colombia.
Carlota lideró por más de 10 años proyectos con mujeres productoras, lideresas y defensoras de víctimas de la violencia, y formó parte de la Defensa Civil en su municipio, donde trabajó en gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres y acción social.
En el municipio de 30.000 habitantes, nada es igual desde la muerte de Carlota Salinas. Los ritmos en la radio popular son alegres, pero en el pueblo hay enojo, temor y tristeza. Los asesinatos no sólo silencian a los activistas, también amedrentan a quienes hacen un trabajo similar, a vecinos y organizaciones.
Otra de las causas que han llevado a las amenazas en contra de líderes ambientales son las denuncias contra la invasión de hidroeléctricas sobre corrientes hídricas. Desde 2014, los miembros del Movimiento Ríos Vivos enfrentan amenazas de muerte, seguimientos, allanamientos y campañas de difamación. Un año antes, dos de sus miembros fueron asesinados Nelson Giraldo Posada y Robinson David Mazo.
Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, se preocupa por las amenazas a las que se han visto sometidos por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, o “Hidroituango”.
Ella, junto con Genaro de Jesús Graciano, compañero y fundador del movimiento, fueron declarados en 2018, «objetivos militares» a través de un panfleto llevado por un hombre desconocido a la vereda Ituango. En el escrito también se prohibía a cualquier persona que se integrara al Movimiento con operaciones en Antioquia y exigían a sus miembros retirarse del proceso.
Las expresiones usadas en señal de advertencia son horrorosas, «personas que no se meten con la represa, no se meten en problemas», son algunas de las palabras consignadas en el documento.
Empresas públicas de Medellín, es la entidad a cargo de la hidroeléctrica, mientras que el río Cauca, el segundo río más grande del país, es la fuente hídrica de la que depende el proyecto.
El objetivo es abastecer el 17% de la demanda energética del país, pero en los últimos meses su impacto negativo en el ámbito medioambiental relegó a un segundo plano su importancia energética. Además, ha afectado fuertemente las actividades económicas alrededor del río, como la pesca, que en municipios como Puerto Valdivia e Ituango son el pilar de su economía y desarrollo.
Ahora bien, es relevante adelantarnos un poco al tema de nuestro siguiente podcast, ya que los pueblos y naciones indígenas aportan una gran cantidad de vidas en la lucha por el territorio. La Organización Nacional Indígena de Colombia señala que desde que inició el gobierno de Iván Duque se han registrado los asesinatos de 162 indígenas y más de 550 amenazas colectivas.
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” o Acuerdo de Escazú, debe priorizar su pilar de defensa a los líderes, ya que en Colombia no existe una normativa directa de protección sobre los defensores y defensoras ambientales.
En este escenario, se requieren garantías para que los líderes y lideresas que defienden nuestro territorio no les siga costando la vida.
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