En las facultades de historia se sostiene que el primer sistema de acueducto se construyó en el año 700 a.C., en la ciudad asiria de Nínive, lo que hoy es Mosul, en Irak. Fue el rey Senaquerib, quien ordenó construir un acueducto que abastecería a la ciudad capital, con un recorrido de más de 40 km entre acueductos y canalizaciones. Sin embargo, históricamente se atribuye a los romanos el logro de desarrollar el gran sistema para captar, distribuir y consumir agua.
Las obras públicas fueron pensadas como una gran prioridad por las antiguas civilizaciones; parte de estos diseños siguen empleándose en la ingeniería actual. Irónicamente, el agua sigue sin llegar a todos los lugares. En el caso latinoamericano, la ONU estima que el 35% de la población no cuenta con acceso a agua potable.
Es en este escenario en el que entran a jugar un papel fundamental las agrupaciones de vecinos y organizaciones que proveen el líquido por medio de acueductos comunitarios. Este primer capítulo está dedicado a estos individuos que se ponen la diez para atender en promedio entre el 20 y 30% de la población de la mayoría de los países latinoamericanos.
¿Qué son los acueductos comunitarios y qué aportan a las comunidades?
Las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, o OCSAS, como se les conoce, son grupos de individuos que, sin recibir financiación de los gobiernos, sino por pura voluntad, incentivan la gestión de los sistemas de agua en las comunidades.
Estas Organizaciones laboran principalmente en zonas rurales y peri-urbanas, y en América Latina hay unas 80.000 aproximadamente. Solo en Colombia hay más de 11.500 prestadores del servicio comunitario de agua potable.
El alto número de prestadores responde a la ineficiencia de la prestación del servicio en las zonas apartadas por parte de sus instituciones responsables. Es preocupante que en Colombia haya más de 3,6 millones de personas sin acceso a agua potable y 5,6 millones sin alcantarillado en zonas urbanas, según cifras del DANE. En las zonas rurales la situación es peor: ninguno de los dos servicios supera el 75% de cobertura.
Como país, estamos en un serio atraso. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se priorizaron inversiones en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, con 1.150, 388 y 455 proyectos, respectivamente. En el gobierno de Iván Duque hay grandes retos en materia ambiental para que el recurso sea apto y no haya riesgos a la salud de los usuarios que la consumen. Mejor dicho, debe darle las mismas garantías en agua potable a los departamentos del Chocó, Putumayo, Vaupés y Vichada, que son los que presentan más riesgos en la calidad del agua, a las veredas y zonas rurales lejanas, y a cada ciudadano en cada capital de la nación.
Pero esto no se logra con discursos utópicos y promesas al aire. Hacen falta proyectos bien estructurados y aportes del gobierno nacional para llevarlo a cabo. En Latinoamérica, los aportes hechos en más de una década por cada país para cerrar la brecha no han superado los $700 millones de dólares anuales; la excepción la hace Brasil, que en 2012 destinó más de $4.500 millones de dólares en cobertura de acueducto y alcantarillado, y en 2017 $218,6 millones de dólares, de acuerdo con indicadores del Banco Mundial.
Hoy en día, hay 36 millones de personas que no acceden al agua de forma digna, y 110 millones que no cuentan con saneamiento básico en Latinoamérica, según la Organización Mundial de la Salud. Históricamente las OCSAS han alcanzado a brindar acceso al agua a más de 70 millones de personas por más de 40 años. También de acuerdo con el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, estas organizaciones tienen en la actualidad capacidad para atender a 18 millones de personas en la región, entre un 30 y 40% de la población que no cuenta con el servicio.
La autogestión comunitaria en armonía con el medio natural, permite que las comunidades se autoabastezcan y regulen el uso del agua y sus ecosistemas. Colombia habita en la paradoja que han promocionado ciertos gobiernos, de distanciar a las comunidades de su territorio, mediante múltiples leyes, el amparo legal, casi llegando a imponer servicios privados costosos e ineficientes.
La balanza no debe inclinarse por desbalance más hacia un lado que al otro, en Boyacá, por poner un caso, en el año 2015 los acueductos comunitarios abastecían el 63% de la demanda del líquido, mientras que los privados el 37%. Esto evidencia la efectividad de los primeros sobre los amparados por el Estado.
Los acueductos comunitarios liderados por organizaciones campesinas, barriales, veredales, indígenas y afrodescendientes, se constituyen como el frente de lucha ante la inoperatividad de las instituciones encargadas de la cobertura del servicio en los distintos gobiernos. Atentar contra ellas es limitar el acceso y suministro de agua y saneamiento básico a poblaciones vulnerables y territorios sostenibles.
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