Desabastecimiento de agua en Santa Marta: El río que se roban a diario

En 1998 la Ciénaga Grande de Santa Marta fue declarada humedal Ramsar. Dos años después, la Unesco le dio el título de reserva de la biosfera. Actualmente esta es la laguna costera más grande y productiva del país, depende directamente del intercambio del agua dulce proveniente del río Magdalena y los ríos que bajan desde la Sierra Nevada, con el agua salada que toma del mar Caribe.

De acuerdo con Manuel Pinto, Ingeniero Agrónomo, la tarea de aportar agua dulce no depende exclusivamente del río Magdalena, sino que los ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla y Frío propenden de un recurso hídrico con más velocidad y oxigenación y facilitan la dilución de los sedimentos. Sin embargo, la Ciénaga atraviesa por un problema que comparte con los centenares de miles de habitantes del Magdalena: El incontrolable robo de agua.

Los cinco ríos que proveen agua de mejor calidad a la Ciénaga, además de llegar con dificultades ante la sequía, atraviesan talanqueras donde se capta de manera ilegal el agua y se desvían sus cauces. Entre una variedad de comentarios de afectados y conocedores, se apunta a los mismos responsables: las fincas de banano y palma africana que la usan para el riego de cultivos.

Para las autoridades ambientales, las fincas con plantaciones de banano y palma africana son los principales responsables de la extracción ilegal de agua de los ríos. Foto: Cortesía.

El líder comunitario Juan Velazco señala que en Zona Bananera, uno de los mayores municipios productores de banano y palma africana en el Magdalena, existe un conflicto entre los campesinos y los dueños de grandes fincas que desvían el agua de los ríos Sevilla y Frío, para almacenarla en sus reservorios y utilizarla con fines privados. “En los caudales hay varios distritos de riego que distribuyen el agua entre los productores de banano y palma, pero aquí los campesinos denuncian siempre a las fincas más grandes de poner a personas armadas con machetes a cuidar los desvíos ilegales para que el agua no llegue hasta la parte baja del municipio”, agrega.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, entidad encargada de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Magdalena, ha abierto procesos sancionatorios contra los propietarios de las fincas que han sido descubiertas en repetidas ocasiones haciendo captaciones ilegales, pero hasta ahora ninguno ha concluido.

En la misma línea, en 2018 la Policía capturó a cuatro trabajadores de la finca El Jayo, ubicada en el corregimiento de Palos Prietos, jurisdicción de Pueblo Viejo. Los hombres fueron sorprendidos con material que permitía la realización de la defraudación, como motobombas, retroexcavadora, mezcladoras y material para hacer represas en concreto.

En varias ocasiones Juan Velazco, líder comunitario de Zona Bananera, ha intermediado entre campesinos y dueños de fincas por la distribución equitativa del agua.

El exalcalde de Pueblo Viejo, Wilfrido Ayala, oriundo del corregimiento de Bocas de Aracataca, desde que asumió la Alcaldía en 2016 denunció a siete fincas ante Corpamag, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia. Las denuncias se fundamentaban en el desvío ilegal de los ríos Aracataca y Tucurinca hacia predios privados, dejando sin suministros de agua a Bocas de Aracataca y a la Ciénaga Grande.

De acuerdo con Corpamag, en las visitas que han hecho sus funcionarios a las zonas donde el nivel del agua baja a niveles críticos, han sido testigos del uso que se da a maquinaria pesada y hombres de la comunidad para desviar el agua hacia predios privados. Además, los ríos también son víctimas del robo particular empresas privadas que procesan el suministro para venderlo almacenado en forma de carrotanques y pimpinas. En los barrios de Santa Marta, una pimpina varia su precio entre $500 y $3.000 en épocas de sequía, mientras que un carrotanque, que normalmente se compra entre varios vecinos, puede costar $300.000.

No satisfechos, los asaltantes del agua extraen directamente el líquido del acueducto municipal. En la edición del domingo 3 de noviembre de 2019, Roger Urieles notificó en la edición Caribe de El Tiempo, la captura de dos personas y el desmonte de toda una infraestructura con la que se extraía agua de manera ilícita de un tubo del Essmar. Un «delito miserable«, declaró el ministro Malagón, añadiendo que combatiendo estas organizaciones se pueden recoger cerca de 300 litros por segundo.

En medio de la disputa por el agua de los ríos hay quienes comercian con pimpinas y carrotanques cargados con el líquido. Foto: Cortesía.

Según los ingenieros de Esmmar, la planta Mamatoco, a donde llegan los distintos ríos que bajan desde la Sierra, presenta un déficit del 50% de los litros por segundo que recibe. Si bien en América Latina las pérdidas técnicas de agua por daños o fugas se promedian entre el 20% y el 35%, en Colombia el registro asciende al 70%. El Magdalena se acoge a ese porcentaje, los aproximados 800 litros por segundo que son robados servirían para prestar un mejor servicio a los samarios.

La planta Mamatoco junto con la planta de tratamiento El Roble, que abastece el sur, sector hotelero y corredor turístico, deberían generar 2500 LP para el acueducto Distrital. Sin embargo, se están generando menos de 700 LP. La parte restante, que en un tiempo se planeó compensar con la puesta en funcionamiento de 46 pozos profundos, solo aumenta la cantidad de líquido a 1000 LP. En otras palabras, hay un déficit de más de la mitad del agua necesaria para una completa cobertura de la ciudad.

Hoy el Magdalena tiene sed. Urgen mayores esfuerzos de la Administración para combatir a las “empresas” criminales que se dedican al robo de agua. Hoy en día lo que más preocupa es que la explotación de los recursos renovables tambalee entre la corrupción y la criminalidad, afectando directamente los derechos humanos. Si seguimos haciendo caso omiso es probable que nos lleve la corriente.


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