Desabastecimiento de agua en Santa Marta: El vaivén de las megaobras

La mayor epifanía de las promesas de agua potable para la ciudad de Santa Marta fue la declarada en agosto de 2014 por el entonces alcalde Carlos Caicedo, cuando contempló la idea de tomar el río Guachaca como la fuente principal de agua para la ciudad y los municipios adyacentes. La idea fue lapidada en diciembre de ese año por la opción apoyada por el gobierno Santos, que sugería convertir el río Magdalena en un “acueducto regional” con base en un estudio de la Universidad de los Andes contratado por Metroagua, filial de Inassa y Findeter.

En entrevista con un canal de noticias nacional, el abogado y periodista Alejandro Arias, señaló que detrás del proyecto se escondía un entramado de manipulación de los políticos locales para poder ser ellos a través de Inassa la concesionaria de ese negocio. El 16 de febrero de 2016, el ministro de Vivienda German Vargas Lleras anunció la firma de la alianza público-privada, APP. Entonces, contra todo pronóstico, “nos montaron en otra ilusión, volver a la que siempre ha sido la solución: traer el agua de los ríos Guachaca. El ministro (Jonathan) Malagón, de su puño y letra escribió cuales deberían ser las soluciones rápidas con las que resolver el 60% o 70% de la crisis del agua en la ciudad”, cuenta Arias.

Desde 2014, los mandatarios que han ocupado la Alcaldía de Santa Marta han trazado hojas de ruta con distintas soluciones para dar fin al problema de la falta de agua potable en Santa Marta. Sin embargo, hoy en día ninguno de los proyectos ha visto la luz.

Rafael Martínez, antiguo jefe de campaña del exalcalde Caicedo y alcalde electo en las elecciones de 2015, aprobó en 2018 junto con el Concejo Distrital, un acuerdo para financiar las obras por medio de unas vigencias futuras por costo de $892.000 millones. Por ese año, la empresa Metroagua estaba envuelta en escándalos de corrupción de su filial en España, Canal de Isabel II, por lo que fue suspendido el contrato que desde 1989 le daba potestad para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito.

A la par, el mandatario contemplaba como una solución alternativa la construcción de una planta desalinizadora en un lote de siete hectáreas cercano al aeropuerto. Haciendo caso omiso de su destino político en los días venideros, Martínez trazaba hojas de ruta para la puesta en marcha de las megaestructuras que había conocido en su viaje por Tel Aviv, capital de Israel. En el país asiático tuvo la oportunidad de visitar dos plantas, de las cuales “una produce el doble, un poco más de lo que necesita Santa Marta” expresó en entrevista con un medio local. En la próxima alcaldía el ambicioso proyecto no sería tenido en cuenta.

Andrés Rugeles, la persona que pasaría a ocupar la alcaldía por encargo del presidente Iván Duque, echó en la fosa del olvido el tema del agua. Martínez había sido suspendido el 21 de marzo de 2019 por una investigación emprendida por la Procuraduría por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud para la ciudad, los cuales fueron demolidos y no fueron levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.

Nuevamente salió el ministro Malagón en declaración pública anunciando el destino que conectaría el río Guachaca con la ciudad. La aspiración era traer 800 litros de agua por segundo desde el afluente del caudal. Las trabas a la entrega de recursos se originaron desde el Concejo. La corporación decidió revocar el acuerdo que autorizaba las vigencias futuras dando fin al proyecto.

Ante la inconsistencia del servicio de agua, en algunos barrios de Santa Marta se opta por conectar motobombas a las tuberías para llenar tanques y asegurar el líquido durante días.

Luego de cinco meses en el cargo, el actual gobernador Carlos Caicedo ha señalado en reiteradas ocasiones que el acceso a agua potable es un tema central para el desarrollo del Distrito de Santa Marta. Con el mismo ímpetu, ha enfatizado que para lograr resolver esta problemática se requiere el trabajo mancomunado con la administración de la alcaldesa Virna Johnson y el respaldo del Gobierno Nacional, admitiendo que la ciudad y el departamento no tienen la capacidad para ponerle punto final a esta situación.

Las soluciones que se vislumbran se barajan entre el transporte de agua por tuberías desde el río Magdalena (abasteciendo también a Tasajera, Pueblo Viejo y Ciénaga), hasta la desalinización del agua de mar. Mientras tanto, los habitantes del departamento esperanzados por las promesas de campaña del Gobernador, esperan que al finalizar su período haya cumplido con lo propuesto, o que al menos cimente las bases para una transformación territorial.


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